Se trata de un comerciante reconocido de la ciudad que está siendo acusado de haber abusado de dos menores de edad.
Se trata de un caso que ya quedó a cargo de la Jueza Técnica Melisa María Ríos, quien dirigirá la audiencia de admisión de evidencias y el debate oral. En esa instancia se verá si los caminos conducen a un juicio por jurados o si hay posibilidad de realizar un acuerdo de juicio abreviado.
En el marco de las audiencias bajo la jueza de Garantías de Colón, Natalia Céspedes, se habían dictado medidas de coerción contra J.C.D.V. por ser imputado en dos hechos de abuso sexual contra menores de edad. El primer hecho, se lo acusa de abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativas agravado por la condición de encargado de la guarda y por el uso de arma de fuego en concurso ideal con corrupción de menores agravadas por amenazas. El segundo hecho implica un abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado agravado por la condición de encargo de la guarda y utilización de arma de fuego en concurso ideal con corrupción de menores agravadas por amenazas».
Pero las medidas restrictivas consistían en la fijación de un domicilio en una vivienda ubicada en El Soberbio, una ciudad misionera ubicada en la costa del río Uruguay en la frontera con Brasil. Es por eso que desde la querella reclamaron la prisión domiciliaria en Colón argumentando que había un peligro de fuga inminente por las facilidades con las que contaba el acusado. Además, se trata de un hecho que tomó estado público en las redes sociales.
El abogado querellante Martín Jáuregui argumentó que el acusado sólo debía presentarse cada 15 días en la comisaría de El Soberbio pero que tenía libre circulación. Por contrario, las víctimas «deben permanecer escondidas para evitar un encuentro que las revictimice».
Ante el planteo, la Justicia dispuso la prisión preventiva domiciliaria del acusado en una vivienda de la ciudad de Colón a la espera de lo que resulte de la audiencia a cargo de la jueza Técnica. Desde la querella adelantaron de que en caso de que haya un juicio por jurados, pedirán 25 años de prisión para el imputado que está con tobillera electrónica.

Fuente: Análisis Digital