La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), este último organismo a cargo de Virginia García, juntamente con efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, desactivó ayer una banda delictiva que se dedicaba a blanquear millonarias sumas de dinero mediante la simulación de contratos de arrendamiento apócrifos, confeccionados para certificar operaciones cerealeras en negro.
Hubo allanamientos en Córdoba y en Entre Ríos. Hay cuatro personas involucradas. Una es entrerriana. Se les imputa el delito de Asociación ilícita fiscal y Lavado de activos.

Montos millonarios
Según se precisó a "El Diario" de Paraná, las cifras que registraban los movimientos delictivos de la organización rondaban los 150 millones de pesos mensuales.
La presunta asociación ilícita estaba integrada por cuatro personas, una de ellas es una profesional de Ciencias Económicas oriunda de la localidad entrerriana de Villa Elisa.
Tres fueron detenidas. La restante, la contadora de Villa Elisa, no perdió la libertad ambulatoria pero quedó vinculada al expediente.
Las fuentes precisaron que el dinero, que la organización obtenía de las ventas ilegales –se trata de más de tres mil millones de pesos-, era destinado a la compra de camiones, camionetas, vehículos de alta gama e inmuebles. Los investigadores sospechan que se trata de operaciones de lavado de dinero.
Además, señalaron que la investigación judicial comenzó a sustanciarse por funcionarios de la Dirección Regional Paraná de la DGI, mediante tareas de escuchas telefónicas y fiscalizaciones a los sospechados.
El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo de Pablo Seró, cuya secretaría Penal está a cargo de Lucas Claret, dispuso 11 allanamientos a domicilios ubicados en Córdoba y Entre Ríos.
Además de las requisas, se ordenó el secuestro de vehículos y dinero y la detención de los sospechosos, que operaban, según se deslizó, en las maniobras y en el congelamiento de las cuentas bancarias utilizadas para perpetrar el ardid.
Dos de los allanamientos ordenados por el juez federal se realizaron en una casa en Las Varillas y otra en Tancacha, ubicada en el centro de Córdoba.
En esta se allanó una empresa que se dedica a la fabricación de alimentos. Según se indicó, aquella firma era usuaria de las cartas de porte apócrifas que confeccionaba la organización.
El resto de los domicilios allanados se encuentran en suelo entrerriano, donde se realizaron ocho procedimientos: dos en Concordia, dos en Colón, uno en Villa Elisa, donde operaba el estudio contable de la contadora que quedó supeditada a la investigación, y tres en Villaguay.

Maniobra
Los investigadores avanzan con evidencia de peso en la hipótesis de que para concretar las ilícitas maniobras, la organización se valía de personas físicas y de sociedades con las que, mediante contratos de arrendamiento falsos, justificaban ante la AFIP que tenían cultivadas miles de hectáreas, cuando en realidad los cultivos no existían porque se trataba de contratos de arrendamiento falsos porque ninguno de los involucrados se dedicaba a la agricultura en su modalidad extensiva.
Aquella maniobra les permitía, según se explicó, emitir cartas de porte, las que realmente se utilizaban para blanquear el cereal que compraban otros operadores agrícolas y ellos mismos, en negro. La maniobra culminaba cuando la organización blanqueaba el cereal a través de la ilegal estructura montada a los efectos de lavar los activos obtenidos ilegalmente.

Fuente: "El Diario" - Paraná